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Pronunciamiento del SEJuN ante el atropello y persecución Sindical durante la pandemia

Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén

Pronunciamiento del SEJuN ante el atropello y persecución Sindical durante la pandemia

 

Ante los acontecimientos acaecidos con la hermana organización del SITRAJUR y sus integrantes, y ante la presión de grupos de poder y corporaciones, el SEJuN se pronuncia asesorado por sus letrados.

ORGANIZACION GREMIAL Y AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
Apuntes para el respecto a la actividad sindical y la defensa de los derechos de los trabajadores.

1°) En materia de desenvolvimiento de la actividad sindical, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación solo restringió la realización de determinados actos con el dictado de la Resolución Nro. 238/2020 que implicaban la aglomeración o reunión de personas, tales como elecciones, asambleas o Congresos, reuniones de Comisión Directiva, etc. las que a partir de la Resolución 489/2020 de la misma Cartera de Estado, pueden efectuarse en forma virtual a través de plataformas o aplicaciones diversas.

2°) Lo expuesto lleva a colegir que cualquier conducta por parte del empleador que tienda a restringir o menoscabar el ejercicio legítimo de la actividad sindical por parte de los empleadores, debe necesariamente encuadrarse en la tipología prevista en el art. 53 de la Ley 23.551, constituyendo una evidente práctica desleal contraria a la ética de las relaciones profesionales, por la sencilla razón que en un Estado de Derecho deben regir la plena vigencia de las garantías constitucionales, en particular las previstas en el art. 14 bis de nuestra Ley Fundamental, para el se debe respetar la Organización Sindical Libre y democrática y la gestión de los representantes sindicales, precepto que reglamenta la Ley de Asociaciones Sindicales;

3°) Así las cosas, no debe confundirse el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) con el ESTADO DE SITIO, como se pretende asimilar por parte de algunos empleadores del Sector Público Provincial -como por ejemplo el Tribunal Superior de Justicia de Río Negro (Que debiera conocer estas premisas elementales)- cuya implantación excepcional requiere la concurrencia de presupuestos fácticos extremos en materia de conmoción social, que no se observan en modo alguno en el caso;

4°) La vigencia del Principio de Libertad Sindical y su respecto por parte de los poderes públicos es un presupuesto de la EXISTENCIA DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO, tal como lo ha definido reiteradamente la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (O.I.T.) a partir de diversos pronunciamientos de su Comité de Libertad Sindical (CLS) y de los Convenios 87, 98, 151 y 154 sobre Libertad Sindical que resultan plenamente aplicables y de cumplimiento obligatorio en nuestro país, por aplicación del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional;

5°) Impedir a los representantes sindicales sea éstos delegados, miembros de Comisiones Internas o Directivos de los órganos de gobierno de las Asociaciones Sindicales el ejercicio de las facultades de inspección y contralor del cumplimiento de la normativa laboral, en particular la referente a Seguridad e Higiene en el Trabajo y a medidas de profilaxis sanitaria para el adecuado resguardo de la integridad psicofísica de los trabajadores que en forma taxativa otorga la Leyes 19.587, 23.551, 24.557 y los artículos 1710 y 1711 del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de PREVENCION DE DAÑOS, constituye prima facie la configuración del delito de coacción;

6°) El delito de coacción es un tipo penal contra la libertad de las personas que supone utilizar la violencia para impedir a una persona –sujeto pasivo del delito- que haga algo que no está prohibido por la Ley o realice un comportamiento en contra de su voluntad. La jurisprudencia es clara en cuanto a que la violencia no solamente se circunscribe al aspecto de utilización de fuerza física, sino que abarca a todo medio intimidatorio como puede ser en el caso la amenaza de una denuncia por supuesta violación del aislamiento;

7°) Es evidente en consecuencia, que la constatación en un lugar de trabajo de las condiciones de prestación de servicios por parte de los trabajadores representados por la Organización Sindical, efectuado por los representantes sindicales legítimamente designados, constituye el ejercicio de un mandato cuyo desempeño no puede ser menoscabado en forma alguna, siendo una clara circunstancia de fuerza mayor contemplada en el art. 6, inc. 5 del Decreto 297/2020 como excepción al Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio;

8°) Sin perjuicio de lo señalado, es evidente que toda norma jurídica debe ser interpretada con razonabilidad, probidad y buena fe, observándose siempre al efecto más allá de su contenido gramatical, la TELEOLOGIA o final que inspira al legislador a su dictado, consignándose al efecto que si hubiera sido la voluntad del Poder Ejecutivo Nacional en el caso la de IMPEDIR LA ACTIVIDAD SINDICAL debería haberla exteriorizado en forma expresa, situación que como visto en estos días jamás ha tenido lugar en forma alguna, en tanto y en cuanto por ejemplo el propio P.E.N. ha conformado con la Confederación General del Trabajo el denominado “COMITÉ DE CRISIS” para la evaluación económica y social de las Consecuencias del Aislamiento; con la consiguiente celebración de encuentros y reuniones, varios de ellos incluso publicitados por los medios de comunicación audiovisuales y gráficos de todo el país;

9°) Lo expuesto en el punto anterior denota que constituye un acto de DEGRADACION INSTITUCIONAL e INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO además de un claro ABUSO DE AUTORIDAD, solicitar se investigue una supuesta conducta violatoria del aislamiento social por parte de un dirigente sindical en el cumplimiento regular del ejercicio de sus funciones como representante sindical, extremo que no solo denota un proceder que claramente es completamente irracional, sino que al mismo tiempo, exterioriza un mecanismo persecutorio de la actividad gremial en grado sumo que no debe ser tolerado bajo ninguna circunstancia, máxime proviniendo de una máxima autoridad judicial. (art. 1725 CCyCN).

SOLIDARIDAD CON LAS Y LOS COMPAÑEROS DEL SITRAJUR!!!